Clara Brugada Vinculada a Proceso Judicial por Desacato

 *** Como auténtica agente kakistocrática, se niega a dar cumplimiento a sentencia de diversos Trabajadores al Servicio del Estado ante tribunales; Diez años de calvario duró el juicio jurídico
*** Ahora, el Congreso de la Ciudad de México debe promoverle un juicio político para dar efecto al mandatario judicial que obra en su contra, y removerla de su cargo como Alcaldesa en Iztapalapa
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, enfrentará cargos por desacato y dilación de ejecución de sentencia en la que se decreta el reconocimiento de antigüedad, pagos de diversas prestaciones de ley de diversos trabajadores al Servicio del Estado.
La orden de vinculación a proceso fue requerida el 18 de mayo de 2023, debido al incumplimiento del día 6 de septiembre decretada por la licenciada Ana Luisa Trejo, de la Secretaria de Gobernación en su carácter de apoderada legal de Carlos Martínez, quien es uno de los trabajadores agraviados, dentro del expediente 175/2013 radicado en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano colegiado que funciona en Pleno y Salas, designado por el Presidente de la República, para resolver los conflictos laborales entre las dependencias del gobierno federal y del Distrito Federal y sus trabajadores y sindicatos. Tiene la obligación de impartir justicia de manera imparcial, expedita y gratuita. Su legislación laboral es relativamente nueva y tiene un origen diverso a la que rige a los demás trabajadores.
Al respecto, fuentes judiciales detallaron que desde el 19 de enero de 2019, se han hecho doce requerimientos y no ha dado cumplimiento al laudo, lo cual amerita ser vinculada a proceso en materia penal por desacato y dilación al proceso administrativo requerido por los magistrados Jorge Arturo Flores Ochoa, representante del gobierno federal; por Fernando Ignacio Tovar y de Teresa, presidente de la Sala; y por José Manuel Pozos Valdivia, representante de los trabajadores.
La licenciada Ana Luisa Trejo Torres, en audiencia de fecha seis de septiembre de 2023, manifestó que no ha dado cumplimiento al laudo por parte de Clara Brugada, en la cual se solicitó se haga efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo plenario de fecha 18 de mayo de 2023, toda vez que desde el 23 de abril de 2018, no se ha demostrado que se hagan ningún trámite administrativo para dar cumplimiento a sentencia para el pago de las prestaciones de ley requeridas.
“Solicito —refirió— se vincule a proceso a la titular de la demarcación ya que desde 19 de febrero de 2019 a la fecha, se les ha estado requiriendo para dar el cumplimiento de laudo que nos ocupa sin que a la fecha se tenga respuesta”.
Si bien se interpreta que la actitud de Clara Brugada está actuando como auténtica agente kakistocrática, al negarse a dar cumplimiento a la sentencia decretada dejando en el vacío judicial a diversos Trabajadores al Servicio del Estado, es evidente la existencia de su desinterés para el acatamiento decretado por autoridades federales.
Al menos es una docena de requerimientos equivalente a 10 años de arduo trabajo litigioso, evidenciando la carencia de poder de la autoridad superior para sancionar a los titulares de las dependencias, obligarlos a pagar a los trabajadores lo que por derecho corresponde o en su defecto existe colusión para evitar las obligaciones de la Ley Federal del Trabajador al Servicio del Estado y la Organización Mundial del Trabajo.
Políticamente no debe haber colusión alguna cuando la señora Brugrada, en apariencia, soslaya una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar prioridad a las elecciones-2024, de no embargar cuentas y bienes, la nula vinculación a proceso en materia penal a su gente de confianza o ejercer acción penal contra las omisas autoridades jurídicas de la Alcaldía en Iztapalapa.
“Pues creo que sí —comentó el trabajador agraviado— ya que para evadir su responsabilidad, a Clara Brugada se debe promover un juicio de procedencia para removerla del cargo de Alcaldesa en Iztapalapa por parte del Congreso de la Ciudad de México, ya que viene actuando impunemente con un plan de revanchismo en contra de los trabajadores en referencia, al vincularse con la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, según en apoyo proselitista electoral, para dejar sin efecto el mandamiento judicial que obra en su contra”.
“Así es como actúan los impunes de MORENA, el cual no es ni partido político digno que beneficie tanto a los trabajadores como a la sociedad en general, sino un movimiento de delincuentes ponzoñosos que asaltaron el poder democrático de todo el país”, acusó.
Y peor aún, Clara Brugada dio a conocer que presentará su licencia para separarse de su cargo ante el Congreso de la Ciudad de México, para competir por la candidatura de MORENA a la jefatura de Gobierno de la CDMX, que de cristalizar su sueño, la capital de la República caería en el marasmo de la anarquía con una delincuencia orgánica con toga y birrete.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gamail.com

“¡Se Hizo Justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México!”: Familia González Ponce

 

“¡Se Hizo Justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México!”: Familia González Ponce

 

*** Condena a pagar a los deudos la cantidad de 17 millones de pesos a estirpe

*** Se acreditaron los elementos de la Acción de Responsabilidad Civil Objetiva y el daño moral

 

Ciudad de México. - La Cuarta Sala Civil del Tribunal de la Ciudad de México dictó sentencia favorable a la estirpe de María Inés Ponce Gómez, quien falleció a consecuencia de atropellamiento por parte de uno de los conductores de la empresa con denominación Autobuses México-Toluca Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V., en la cual se acreditó los elementos de la Acción de Responsabilidad Civil Objetiva y el daño moral, así como los intereses moratorios.

Los hechos se suscitaron el día 28 de agosto de 2017 cuando María Inés Ponce, caminaba por calle de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando el conductor Carlos “N” la atropello ocasionándole severas lesiones y con posterioridad la muerte, ello derivado por accidente de transporte vehicular que tuvo lugar en la Alcaldía Álvaro Obregón, colonia José María Pino Suarez en la esquina de calle Postes y paralela siete.

El día 05 de julio de 2023, la Cuarta Sala Civil del Tribunal de la Ciudad de México, en Toca 940/2019, revoco la sentencia de primera instancia quien trató en tema de fondo como uso de un mecanismo peligroso, del vehículo automotor con placas 330-HU, con número económico de la empresa Autobuses México- Toluca Zinacantepec y Ranales S.A. de C.V.

Cabe hacer mención que dicha empresa pertenece a los magnates hermanos Alcántara de Grupo Atlacomulco a quienes condenó a pagar más de 17 millones por Responsabilidad Civil Objetiva y el daño moral, así como los intereses moratorios.

Al respecto abogados de los deudos informaron que esta empresa amucho antes de iniciar la contienda se mostró inhumana, irresponsable y con falta de dignidad hacia los seres humanos ya que se negaron a restituir el daño causado a pesar de la magnitud económica que tienen en inversiones de transporte público en todo México; así como, en Aviación.

No resta más que decir que esta situación fue por falta de pericia de sus conductores, que en un instante cambian la vida de toda una familia.

Por último, es relevante destacar que se tiene la confianza de los Tribunales Colegiados de Circuito del Primer Circuito Ciudad de México en que ampara y protege a la familia González Ponce, pues el deceso de su señora madres fue una gran pérdida que no subsana ni con todo el dinero del mundo.

Ubican a asesinos en facebook

Identifican Asesinos del Colaborador Abraham David Juárez, de El Corredor Informativo 

 
*** Era colaborador del portal El Corredor Informativo
*** Varios sicarios lo acribillaron cobardemente con la detonación de siete balazos por la espalda

 
BLAS A. BUENDÍA *
Karl Novo
 
El martes primero de marzo fue acribillado al colaborador Abraham David Juárez, del Portal El Corredor Informativo, cuando cinco sicarios fuertemente, armados detonaron sus armas por la espalda, cayendo fulminado por siete detonaciones.
Los lamentables hechos se registraron alrededor de las 21 horas, cuando el comunicador llegaba de trabajar a su domicilio localizado en la avenida Doctor Vertiz, en la colonia Doctores, perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México
Las primeras investigaciones habían arrojado que al menos cinco sujetos habían atentado contra la vida de Abraham David, cuatro de ellos materiales, hasta el momento se desconoce a los intelectuales.
Los matones potentemente armados llegaron a su domicilio de Abraham David, quienes al ver que ingresaba a su domicilio, lo acorralaron para posteriormente dispararle por la espalda en siete ocasiones privándolo de la vida con armas de fuego de grueso calibre, según informes del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, anteriormente conocido como el SEMEFO (Servicio Médico Forense).
Vecinos de la localidad, amigos y familiares comenzaron la búsqueda de los asesinos por todos los medios; sin embargo, fuertes rumores señalaron que ya se tenía localizados a tres de los implicados por medio de la red social Facebook, a quienes los identificaron plenamente, llegando a la conclusión que son delincuentes que se dedican a extorsionar a los comerciantes de la localidad, Buenos Aires y Centro. Los susodichos responde a los nombres de Uriel “N”, Yazael Alexander “N” y Jesús Jair “N”, cuyas fotos fueron capturadas de los videos, y conforme a su perfil criminal, se estima que son jóvenes sicarios alcohólicos y drogadictos entrenados para matar a sus víctimas por encargo.
El colaborador David Juárez era una de las piezas claves de las denuncias contra autoridades de la Ciudad de México; una de ellas, contra la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) ahora Secretaría Ciudadana (SSC-CDMX), en la que están involucrados funcionarios de alto nivel, así como del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México a cargo del entonces ingeniero Raymundo Collins, por las constantes agresiones al periodista y editor de este medio de comunicación.
En diversas ocasiones, cabe apuntar, los atentados que ha sufrido la familia del periodista comenzaron desde el despojo de local comercial 1, ubicado en Avenida Doctor Río de la Loza, colonia Doctores, el día 14 de marzo de 2014, por la cual comenzó una serie de denuncias de corrupción en “la ciudad más transparente” con base en la Averiguación Previa FCH/CUH-8/T1/1102/14-03 (que por ciento cumple 8 años de impunidad).
El 26 de marzo de 2017 al filo de las 15:30 horas (con base a videograbaciones de la propia SSP-CDMX denominada C-2) cerca de 200 elementos de la SSP-DF ahora SSC-CDMX, allanaron su domicilio y golpear a todos los integrantes de la familia, robar, insultar, y demostrar el abuso de autoridad.
No conformes, los altos funcionarios públicos de la gran ciudad consignaron a los integrantes de la familia del periodista y colaborador ante la CUH-2, con falsos cargos, argumentando flagrancia, por el delito de robo a las 16:30 horas, lo que no han podido acreditar dichas autoridades. Lo único que si han podido dichas autoridades es gozar de la falsedad de declaraciones, fabricación de delitos, robo, abuso de autoridad, entre otras violaciones.
Ante esta situación se procedió a iniciar denuncia penal contra varios altos mandos y funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México, esto con base en la Carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/00988/03-2017, y las acumuladas CI-FSP/B-UI-3 C/D/1519/05-2017. En este tenor, cabe hacer mención que ya existe un grupo de profesionales de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la investigación.
La hipótesis del caso, es que el día 2 de febrero del presenta año se envió a estudio la carpeta de investigación a superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy Ramos. Es evidente que al enterarse estos funcionarios públicos de la SSP-DF, hoy SSC-CDMX, que están en juego sus cargos y la libertad, y que ya que está próximamente a judicializar arremetieron contra uno de los integrantes del este medio de comunicación Abraham David Juárez, lo que conllevó a un desenlace falta con el atentado el pasado 1 de marzo, interpretándose como una amenaza para el desistimiento de la indagatorias.

El de AMLO, un sexenio peligroso para periodistas
La prensa tanto mexicana como de connotaciones internacionales, advierten que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una peores administración que más periodistas han sido asesinados por diversas circunstancias, por lo que el Estado no ha hecho nada en la protección de los comunicadores, no obstante que el Jefe del Ejecutivo al enterarse cada crimen, solo manifiesta sus condolencias bajo la “primicia” y “promesas incumplidas” que se investigará cada uno de esos hechos que han ensombrecido a un gremio que cada día es más vulnerable ante la bola del enemigos.
“Cincuenta y dos periodistas han sido asesinados a lo largo del presente gobierno…” dijo el 27 de enero Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Pero ¿hasta ese día eran 52, como lo aseguró el subsecretario? ¿O acaso son más o tal vez menos?, interrogó en columnista político Eduardo Ruiz-Heal, en su espacio de El Economista.
Señala que la fuente del funcionario son los informes de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que elabora la dependencia a su cargo, de las cuales solo una, la de 2019, aparece en el sitio www.gob.mx/defensorasyperiodistas/documentos/informes-de-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas?idiom=es. En él se anota que 17 periodistas fueron asesinados en 2019.
El informe de 2020, que no aparece en el sitio www.gob.mx pero que obra en poder del columnista, indica que ese año fueron 20.
El informe 2021 tampoco está en internet, pero podemos deducir cuántos periodistas fueron asesinados ese año. A los 52 que mencionó Encinas le restamos: los 37 de 2019 y 2020, los tres asesinados del 1 al 23 de enero pasado y los dos que fueron muertos en diciembre de 2018. O sea 10 en 2021.
A los 59 habrá que añadir los dos que fueron muertos el 31 de enero y el 6 de febrero para afirmar que en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados, según Encinas, 61 periodistas.
Sin embargo, otras fuentes proporcionan datos diferentes.
El Observatorio de Periodistas Asesinados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proporciona estos números: uno en diciembre de 2018; 12 en 2019; 10 en 2020; nueve en 2021; y, tres en lo que va de 2022. Total: 35.
Reporteros sin Fronteras (RSF), la organización no gubernamental internacional con sede en París cuyo objeto es defender la libertad de prensa en el mundo y a los periodistas perseguidos por su actividad profesional, reporta que uno fue asesinado en diciembre de 2018; 10 en 2019; ocho en 2020; siete en 2021 y tres en lo que va del año. Total: 29.
El Instituto de Prensa Internacional (IPI), asociación mundial de periodistas de 120 países con sede en Viena, cuyo fin es la monitorización de la libertad de prensa y el fomento de medios de comunicación libres e independientes, reporta estos números: nueve en 2019; 11 en 2020; tres en 2021; y, cuatro en lo que va de 2022. Total: 27.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas, da estos números: cinco en 2019; cuatro en 2020; tres en 2021; y, ninguno en 2022. Total: 12.
Artículo 19, organización con sede en Londres que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, proporciona estos números: uno en diciembre de 2018; 10 en 2019; siete en 2020; siete en 2021; y, cuatro hasta en fecha reciente. Total: 29.
Wikipedia en inglés: 2 en diciembre de 2018; 12 en 2019; 14 en 2020; cinco en 2021; y, dos en lo que va de 2022: 35.
Wikipedia en español: 2 en diciembre de 2018; 12 en 2019; siete en 2020; cuatro en 2021; y, cinco en lo que ha transcurrido del 2022. Total: 30.
Con base en lo anterior, cabe preguntarse de dónde obtuvo Encinas su cifra, muy superior a las que ofrecen otras fuentes. Es más, en este gobierno dizque de absoluta transparencia, ¿por qué los datos oficiales no están a disposición del público?
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com
 

Gobierno Quiere Cabeza de Periodista.

 Complot Extra-Judicial 

Contra el Periodista:

Juan Carlos Martínez 

*** Elementos del Gobierno y FGJ, ambos de la CDMX, vinculados en el crimen organizado.

*** La posesión un derecho real consagrado en la Carta Federal; el delito de despojo tiene una sanción de dos a cinco años prisión; de seis a diez años de prisión cuando el despojo se realice por grupo de tres o más personas.

*** La FGJ CDMX lo toma como "un juego".
 
Blas A. Buendía *
 
Encapuchados y actuando como auténticas “pirañas” amparados con “charola” y “fusca” al cincho para aterrorizar a “medio mundo”, funcionarios del Gobierno y de la Fiscalía General de Justicia, ambos de la Ciudad de México, atacaron al comunicólogo y abogado penalista Juan Carlos Martínez, en un acto que por demás ha protestado, absolutamente ninguna autoridad le ha brindado la atención necesaria para protegerlo del crimen organizado que opera dentro de las mismas instituciones republicanas.
En querella, fue despojado, de nueva cuenta, del departamento que habitaba en la colonia de los Doctores. Los hechos se registraron el 21 de octubre del presente al filo de las 14:00 hora previo a su comparecencia en el Ministerio Público por otro despojo de otro inmueble, robo de obras de arte, su biblioteca personal, entre otros artículos de valor.
Si bien pareciera una consigna emanada de los sótanos del poder omnímodo de esta administración que se ha caracterizado por pisotear los derechos humanos y de contribuyentes sin respetar la Carta fundamental que gobierna a toda la Nación, el delito fue concertado al unísono por profesionales en la materia penal de dicha Fiscalía del despacho de la justica en la ciudad de México.
Entre ellos -explicó el periodista y Doctor en Derecho-, figuran Ministerios Públicos, oficiales secretarios, defensores, asesores públicos y victímales, que asesoraron cómo realizar despojo o (despiojo como lo llaman en dicha institución), y de la misma manera asesores de la subliminal empresa denominada TecNoCasa, del departamento del inmueble ubicado en la calle de Doctor Jiménez número 41, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, de la gran ciudad, que a contrario sensu strictissimo, como lo definiría el desaparecido escritor mexicano Carlos Fuentes, “la Ciudad Alcantarilla”.
Si bien reconoce que el misterio público se halla en una encrucijada del “gato encerrado”, para el periodista y abogado Juan Carlos Martínez –entrevistado en vía pública-, “quienes se organizaron todo se inició desde comenzó en las instalaciones de la Coordinación Territorial CUAH-8 ubicado en la calle de Chimalpopoca número 100, colonia Obrera, Alcandía Cuauhtémoc en la capital de la República, y en asesores víctimales de Dr. Rio de la Loza, Colonia Doctores.
Dijo que es casualidad que en plena comparecencia contra otro despojo, apareciera la duela del departamento exigiendo la entrega de llaves del inmueble en mención, esto con la finalidad de ridiculizar y forzar el protocolo de entrega de llaves, cuando ya se había cambiado chapas, combinación de chapas,etcétera.
“Cabe hacer mención que la señora me buscaba para pedirme el departamento días antes, pero no fue posible localizarme ya que estaba enfermo del Covid-19, a punto de la muerte, cerca donde estuvo Dante Aligeri y la Divina Comedia”, comentó.
La dueña del edificio quien fue en varias ocasiones a la agencia del MP, estuvo siendo asesorada en diversas ocasiones por dicha institución y TecNoCasa empresa dedicada a los bien raíces, pues vecinos del lugar la escucharon decir hasta la burla de cómo fue el ataque al periodista.
Estos -señaló- que día de la comparecencia uno de los abogados victimales le comentó que al también altruista escritor cultural, que de  igual forma como en el caso de despojo del Río de Loza 234, colonia doctores, el dueño del inmueble era el INVI y tenía todo el derecho de despojarnos y hasta sin orden judicial, a lo cual es evidente que los asesores jurídicos carecen de conocimiento de la materia civil y fingen demencia.
 

ILUSTRACIÓN
El Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez, comentó que es importante ilustrar a las autoridades de la FGJ-CDMX, que el delito de despojo se encuentra establecido en el Código Penal de esta Ciudad en su artículo 237 y 238; en el primer dispositivo, menciona como un delito grave ya que una sanción de dos a cinco años prisión al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; “…o en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de otra persona o ejerza actos de domino que lesionen derechos legítimos del ocupante…”
Mientras el delito aún más grave se encuentra en el artículo 238 que dice que además de las sanciones anteriores se impondrá de seis a diez años de prisión –sin derecho a caución-, cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas, (pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada como lo menciona el capítulo II en su artículo 252), cuando simule actos de autoridad, documentos falsos, participe un servidor público, o se cometa contra ascendentes y que a quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles…, se les impondrá de dos a nueve años de prisión…”
Pero lo más relevante, es que la posesión es un derecho real tutelado, lo que menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 14, donde indica: “…Que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Otro fundamental es el artículo 16, en la cual menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, (y ordinario civil), bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento antes mencionado.
Así es que, ni el propio Presidente de la República podría desalojar a persona alguna sin orden judicial más que en juicio de controversia de arrendamiento o comodato, contrato verbal, ni mucho menos para recuperación de los bienes inmuebles y patrimonio del Estado, o sea ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de la Vivienda de esta Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ-CDMX, puede violar la Carta Federal.
En síntesis, pareciera que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la Fiscal Ernestina Godoy, son “comadres cómplices de la injusticia”, toda vez que en el imaginario de la sociedad, acusan que la FGJCDMX es hoy en día el “centro de operaciones del crimen institucional”, en tanto que la capital de la República ya se transformó en “tierra de nadie…”, al muy estilo de la 4T.
Reportero Free Lance *

Cero Corrupción en la CDMX pide periodista

Elementos del Gobierno y FGJ-CDMX realizan Complot

 

contra el Periodista Juan Carlos Martínez.

 

***La posesión un derecho real consagrado en la Carta Federal.

***El delito de despojo tiene una sanción de dos a cinco años prisión.

***De seis a diez años de prisión cuando el despojo se realice por grupo de tres o más personas.

De la Dirección de Redacción

 

Efectúa complot Gobierno y la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México (FGJ-CDMX), para atacar al periodista Juan Carlos Martínez, esto con finalidad de despojarlo, de nueva cuenta, del departamento que habitaba en la colonia de los Doctores, los hechos se registraron el día 21 de octubre del presente al filo de las 14:00 hora previo a su comparecencia en el Ministerio publico por otro despojo de otro inmueble, robo de obras de arte, su biblioteca personal, entre otros artículos de valor.

El delito fue concertado al unisono por profesionales en la materia penal de dicha Fiscalía del despacho de la justica en la ciudad de México, entre ellos Ministerios Públicos, oficiales secretarios, defensores, asesores públicos y victímales, que asesoraron como realizar despojo o (despijo como lo llaman en dicha institución), y de la misma manera asesores de la empresa denominada Tecnocasa, del departamento del inmueble ubicado en la calle de Doctor Jiménez número 41, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, de la gran ciudad que a contrario sensu diría  Carlos Fuentes, “la Ciudad Alcantarilla”.

Reconozco cuando hay en el misterio público gato encerrado –dijo- Juan Carlos Martínez, al ser entrevistas en vía pública, donde dijo que quienes se organizaron comenzó en las instalaciones de la Coordinación Territorial CUAH-8 ubicado en la calle de Chimalpopoca número 100, colonia Obrera, Alacandía Cuauhtemoc en esta ciudad de México, y en asesores víctimales de Dr. Rio de la Loza, colonia Doctores, es casualidad que en plena comparecencia contra otro despojo apareciera la duela del departamento exigiendo la entrega de llaves del departamento en mención, esto con la finalidad de ridiculizar y forzar a la entrega llaves, cuando ya se había cambiado chapas, combinación de chapas.

Cabe hacer mención que la señora me buscaba para pedirme el departamento días antes, pero no fue posible localizarme ya que estaba enfermo del Covid-19, a punto de la muerte, cerca donde estuvo Dante Aligeri y la Divina Comedia.

La dueña del edificio quien estuvo en varias ocasiones en la agencia estuvo siendo asesorada en diversas ocasiones por dicha institución y la Tecnocasa empresa dedicada a los bien raíces, pues vecinos del lugar la escucharon como fue ataque al periodista.

Estos -dijo- que día de la comparecencia uno de los abogados victimales le comentó que al altruista escritor cultural, que de  igual forma como en el caso de despojo del Río de Loza 234, colonia doctores, el dueño del inmueble era el INVI y tenía todo el derecho de despojarnos y hasta sin orden judicial, a lo cual es evidente que los asesores jurídicos carecen de conocimiento de la materia civil y fingen demencia.

ILUSTRACIÓN

Juan Carlos Martínez, doctor en derecho –comentó- que es importante ilustrar a las autoridades de la FGJ-CDMX, que el delito de despojo se encuentra establecido en el Código Penal de esta Ciudad en su artículo 237 y 238, en el primer dispositivo, menciona como un delito grave ya que una sanción de dos a cinco años prisión al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; “…o en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de otra persona o ejerza actos de domino que lesionen derechos legítimos del ocupante…”.

Mientras el delito aún más grave se encuentra en el artículo 238 que dice que además de las sanciones anteriores se impondrá de seis a diez años de prisión cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas, (pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada como lo menciona el capítulo II en su artículo 252), cuando simule actos de autoridad, documentos falsos, participe un servidor público, o se cometa contra ascendentes y que a quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles…, se les impondrá de dos a nueve años de prisión…”

Pero lo más relevante, es que la posesión es un derecho real tutelado, lo que menciona la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 14 indica que “…Que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Otro fundamental es el artículos 16, en la cual menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, [y ordinario civil] bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento antes mencionado.

Así es que, ni el propio Presidente de la República podría desalojar a persona alguna sin orden judicial más que en juicio de controversia de arrendamiento o comodato, contrato verbal, ni mucho menos para recuperación de los bienes inmuebles y patrimonio del Estado, o sea ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de la Vivienda de esta Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ-CDMX puede violar la carta federal.

CDMX Secuestrada por Gobierno de la CDMX!: Juan Carlos Martinez, periodista

 La FGJCDMX está secuestrada por el crimen organizado gubernamental

 
***Debido a que solo gobierna la impunidad, no ha podido combatir todo tipo de delitos porque delincuentes de alta alcurnia, manipulan acciones jurídicas para dañar a la sociedad
*** Ya se cumplieron cuatro años de una denuncia que presentó al periodista y Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez, y prácticamente no han podido cumplimentar la Carpeta de Investigación, donde se acusa que más de 100 elementos de la SSP-CDMX en supuesta persecución policiaca, cometieron acciones inconstitucionales
*** Afirma el comunicólogo que uno de los objetivos era fabricarle delitos, solo que la autoridad abusó –como siempre- de su poder constitucional 
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
A cuatro años de haber iniciado proceso legal penal en contra de altos  funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ahora Secretaría de la Seguridad Ciudadana, Ciudad de México (SSC-SDMX), se sigue gozando de impunidad. Para la sociedad existe una connotada factura por resolver.
El 26 de marzo de 2017 al filo de las 15:30 horas ingresaron al domicilio del reconocido periodista Juan Carlos Martínez, ganador de diversos galardones por su labor altruista a favor de la cultura y las artes, sin orden de aprehensión y cateo, derrumbando puerta y ventana, extrayendo del interior del domicilio a los integrantes de su familia a golpes y patadas, sin compasión, esto con decenas de policías, como sí se tratara de una película de terror y narcotraficantes de alto calibre.
Sin embargo, dichos funcionarios públicos policiacos argumentaron en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/ UI-2 C/D/01572/03-2017 que al filo de las 16:40 horas se había cometido un gran asalto a la una panadería, por la cual hubo un gran persecución y en flagrancia llegaron hasta el domicilio del periodista, en la cual policía de investigación con base a informes recabados, aclararon tácitamente que en las videograbaciones en vía pública nunca hubo un asalto.
Pero, no conformes -dice el escritor- con las agresiones robaron con la mayoría diversos objetos de valor del interior de su domicilio, celulares, alhajas, dinero en efectivo.
Es importante menciona –dijo- que para ingresar al domicilio dañaron la puerta principal como gran parte de la estructura de concreto de la vivienda: paredes, loza y piso; así como, los muebles que se encontraban dentro del inmueble como recamaras, sala y comedor.

Para esto, más de 100 elementos a cargo del entonces titular Hiram Almeida Estrada, de la SSP-CDMX, abusaron de su poder, cerrando calles aledañas del domicilio en comento como si se tratara de delincuencia organizada, dando la orden de ingresar al domicilio del Editor de El Corredor Informativo.
Las órdenes superiores eran de dañar físico y psicológicamente a los familiares dentro del inmueble, extraerlos, golpearlos durante el trayecto, no conformes, fabricar diversos delitos en la Coordinación Territorial CUH-2, ubicada en Calle Aldama y Mina Colonia Buenavista, donde de nueva cuenta fueron agredidos en las galeras.
El también doctor en derecho Juan Carlos Martínez, señaló que continuará con su denuncia hasta que saquen de las calles a estos elementos corruptos y desleales a la sociedad, a través de las carpetas de investigación CI-FSP/B/UI-B-3C/D/00988/03-2017, y sus acumuladas CI-FSP/B-UI-3C/D/1519/05-2017, y uno de los elementos fundamentales con la que se acredita que también hubo fabricación de delitos en la CI-FCH/CUH-2/UI-3C/D/1572/03-2017, derivado de la averiguación previa FCH/CUH-8/T1/1102/03-14, el cual fue el origen de este atentado, en cual inicia denuncias contra INVI, SSP y PGJ todas de la Ciudad de México.
La Comisión de Derechos Humanos de esa ciudad a través de la Cuarta Visitaduría, cabe resaltar, quedó formalmente de emitir queja en contra de la SSP-CDMX, en la cual se pediría perdón y reparación de daño a familia del periodista, pues se cuenta con los elementos suficientes para emitirla por actos delictuosos: abuso de autoridad, robo, veje, intento de homicidio, fabricación de delitos, entre otros.
Los hechos, finalmente, se dieron durante el periodo de gestión de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México (diciembre de 2012 a marzo de 2018), Rodolfo Ríos Garza, procurador General de Justicia, (diciembre de 2012 a junio de 2017), Ricardo Monreal Ávila, delegado en la Cuauhtémoc (2014 a diciembre de 2017),  Raymundo Collins, del Instituto de la Vivienda de esta Ciudad, Édgar Elías Azar, presidente de Tribunal Superior de Justicia, y Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública 15 de diciembre de 2014 al 4 de julio de 2018, así como de Irwin Aguilar Hernández, entonces segundo inspector encargado de la dirección del Sector Asturias, entre otros personajes.
Reportero Free Lance
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Labor Justice

 

Rafael Guerra Álvarez,

President of the TSJCDMX

Guarantees Fair and Inclusive 

Labour Justice

• Luisa María Alcalde, at the opening of the symposium El nuevo sistema de justicia laboral en la Ciudad de México.

•As president of National Commission of Superior Courts of Justice of the United Mexican States, he undertook to implement the labor justice reform in all 32 jurisdictions.

Blas A. Buendía

Reporter Free Lance

Courtesy 

Juan Carlos Martínez

Editor The Information Corridor 

México City.- The President of the Judicial Branch of Mexica (PJCDMX) City, Judge Rafael Guerra Álvarez, assured that with the implementation of the labor justice reforms the society will have access to it in a prompt, complete, impartial and inclusive from the capital’s judicial body.

Speaking at the opening of the virtual symposium The New Labor Justice System in México City, which was attended by the Secretary of Labor and Social Welfare, Luisa María Alcalde Luján, emphasized that the reform will serve to achieve a more just society, whose fundamental axis will be the rights of the people.

The federal official, in turn, recalled that México City is part of the group of 11 federal entities whose judicial powers should assume the delivery of labor justice in 2022. Guerra Álvarez, warned that the labor justice in the capital of the country represents a legal, administrative and academic responsibility of high priority, since he recalled that it is the entity that registers the greatest number of conflicts before the authorities of the matter, which according to Mayor Luján, amount to 36 thousand individual annual demands, on average, and 2 thousand collective.

The also President of the Council of the Judiciary of México City, who trusted that the operation and consolidation of the new labour justice system will soon come to an end, stressed that the new model must be dynamic as the society it serves, not only for the virtue of justice itself, but for its great prism of economic, political and social effects. He recalled that labor justice is currently undergoing an important evolution for some years, particularly with regard to the constitutional reforms of 2017 and those related to the Federal Labor Law of 2019.

The judge reported that in his management of the PJCDMX, through the Institute of Judicial Studies, More than 150 actual hours of face-to-face and virtual academic activities have been conducted to develop essential skills for justice providers.

In turn, Secretary Alcande Luján, referred to the challenge posed to México City by the reform of the labor justice system, recalled that it is not only the entity with the largest number of workers, labor organizations and collective labor contracts, but because of its high rate of conflict.

In acknowledging the work carried out by the Coordination Council for the Implementation of the Labor Reform, the federal official underlined the coordination achieved with Magistrate Guerra Álvarez, not only as president of the PJCDMX, but also of the National Commission of Superior Courts of Justice of the United Mexican States, so that labor justice advances in an orderly and effective manner in the 32 jurisdictional headquarters.

The opening ceremony was attended by the director of the International Labor Organization (ILO) for México and Cuba, Pedro Furtado Oliveira, who expressed the willingness of that body to accompany the three powers of the country's capital in the work that unfold in the historic reform that leads México to be more inclusive.

The symposium organized by the ILO and the PJCDMX takes place over three days, and involves magistrates and judges from the capital's judicial body, as well as federal government labor officials, academics, among others.